Proyecto de Código Penal de Uzbekistán continúa vulnerando derechos humanos: Amnistía Internacional

Los derechos a la libertad de expresión, culto, asociación y reunión pacífica están profundamente normalizados. Sin embargo, aunque para la mayoría de los habitantes del globo es habitual tener acceso a ellos, para Uzbekistán, aun en el 2022, estos derechos siguen severamente restringidos. Más de 2000 personas se encuentran encarceladas por sus creencias religiosas.

Si bien se impuso una serie de salvaguardas contra la tortura y los malos tratos, los informes de este tipo de abusos continuaban a flote; la violencia contra las mujeres es otro tema que no mostraba avances para su erradicación y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo aún eran consideradas delito.

Dada la situación, un grupo de activistas, tanto políticos como civiles, denunciaron hostigamiento, vigilancia y amenazas por parte de los candidatos a la presidencia. Gracias a las denuncias, en febrero se publicó un nuevo proyecto de Código Penal.

Con la llegada del proyecto se realizaron diversos cambios en la región. Lamentablemente, los cambios no ayudaron en el ámbito de libertad de expresión, ya que se mantuvo como delito la difamación y los insultos. En marzo, insultar al presidente pasó a ser un delito punible con cinco años de prisión. Además, los medios de comunicación se autocensuran constantemente para evitar el conflicto; procesamientos, multas y encarcelamiento de voces críticas fueron algunas de éstas medidas de autocensura.

En mayo del presente año, el bloguero anticorrupción Otabek Sattority fue condenado a seis años y medio de cárcel, por cargos de calumnia y extorsión.

En cuanto a la libertad de reunión y asociación, el código penal aún consideraba como delito punible la formación ilegítima de asociaciones públicas u organizaciones religiosas. Sin embargo, en marzo del 2021 el gobierno se comprometió a cambiar el marco jurídico para mejorar su funcionamiento.

Con la llegada del proyecto de código penal se adoptó como base la definición de "tortura" emitida por la ONU, pero mantuvo disposiciones controvertidas relativas a las prescritas por los delitos, las amnistías y la reconciliación entre víctimas y perpetuadores.

Los últimos aspectos vistos por el proyecto fueron la violencia por motivos de género (en el que no hubo ningún progreso) y los derechos para la comunidad LGBTIQ.

Éstos últimos tampoco fueron beneficiados, ya que la “sodomía” continua siendo un delito. A la fecha hay 49 personas cumpliendo penas de cárcel por ese "delito" y recibiendo atención psicológica para prevenir que vuelvan a cometer el presunto delito (Sandra Luz Treviño de León) (Amnistía Internacional).