Gobierno restringe las comunicaciones y la libertad de expresión online

En fecha de la presente nota se publicó el Decreto-ley 35 y otra normativa con el objetivo de erradicar los crímenes cibernéticos, a través de los cuales se obliga a los proveedores de telecomunicaciones que suspendan sus servicios a usuarios que publiquen información que afecte la “moralidad pública”, y el “orden público” o que sea “falsa”. Los proveedores que no cumplan con el decreto serán multados o perderán su licencia.

Sin embargo, el Decreto-ley 35 contiene disposiciones ambiguas y amplias pues no existe un procedimiento claro para “detectar” o “eliminar” los supuestos “incidentes de ciberseguridad”, por lo que el mismo documento puede dar pie a un monitoreo y vigilancia abusiva por parte del gobierno. A lo anterior se suma el hecho de que el internet en el país es muy caro, lo que ya limitaba el acceso al mismo. Dicho acceso ahora se verá más restringido por las normas que van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. (Wendy Mata Valdez) [Human Rights Watch].